El ministerio de Hacienda elabora un informe denominado Boletín Estadístico del personal al servicio de la Administración Pública, el cual se actualiza semestralmente, hasta aquí todo correcto, con la excepción de que en torno a unas 400.000 personas las cuales se benefician de un sueldo por sus labores en la administración pública no figuran en dicho registro modificado recientemente con los datos correspondientes a el primer semestre del año 2012.
Se preguntarán, ¿se debe a un error, o se ha ocultado dicha información con alguna intención?

Dicho informe refleja contabilizados la suma de 2,63 millones de personas, las cuales son asalariados que corresponden a un estatus laboral bajo, cifra que desentona con el registro de la Encuesta de Población Activa correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2012 (que corresponde al primer semestre de 2012) la cual indica una cifra de 3,04 millones de personas.

La diferencia entre ambas cifras (405.000 personas) se debe a que Hacienda deja fuera de su registro al personal que ocupa puesto de altos cargos (nombrados a dedo por políticos) y el personal que trabaja en las empresas públicas (unas 142.000 personas).

Esta parte del personal son el punto negro de la administración, ya que la ley permite no incluir los gastos que generan estos cargos para realizar el cómputo del déficit, algo que la Comisión Europea viene recomendando cambiar desde el año 2007.

Ante tal situación, Hacienda lleva un tiempo presionando a los gobiernos autonómicos y entidades locales con el objetivo de acabar con las empresas públicas, las cuales lejos de reducir su personal lo incrementaron hasta la cifra de 160.000 personas, datos del primer trimestre del año 2013.

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